El Gobierno nacional, entre otras cosas, está sumido en una crisis de identidad política, donde los extremos ideologizados del movimiento justicialista están en pugna permanente, ahondando la crisis económica y social con sus marchas y contramarchas. Con un internismo desgastante, donde la vicepresidenta hace y deshace y cobra mayor protagonismo. ¿Candidata el año que viene? Y con un Presidente en su peor trance.
En ese marco, la oposición sólo debe sentarse cómoda a esperar la debacle oficialista, repitiendo hasta el cansancio el discurso de que son los únicos garantes de la gobernabilidad. Y sin ni siquiera proponer un plan alternativo de gestión, o propuestas para sortear el clima de incertidumbre generalizado que se vive en el país. Ya les llegará el turno de acceder al poder, para qué adelantar entonces sus planes de acción, la movida que podría entorpecer y hasta poner en riesgo su camino al parecer sin obstáculos hacia la Casa Rosada. Sólo tienen que cuidarse de no agrietarse.
Los opositores tienen sus propias cuentas que saldar, la desconfianza se escurre en ese mundo, aunque por ahora sin la potencia de la fuerte interna del Frente de Todos.
En ese clima pasó un nuevo festejo por el Día de la Independencia, con maniobras políticas en el medio para respaldar a candidatos locales de cara a 2023, tras una semana cargada de sucesos, entre los cuales uno pasó casi desapercibido, pero que merece atención: el de la inquietud de un grupo de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales y políticas por impulsar la paridad de género en Tucumán. La clase política provincial está en deuda en esta materia. El clamor viene creciendo, aunque nunca termina de consolidarse como objetivo en el núcleo del poder político para concretarse efectivamente en una nueva normativa, ya sea como iniciativa del Poder Ejecutivo o por el tratamiento parlamentario en la Legislatura.
El oficialismo recepta las inquietudes, pero no avanza. La paridad de género no está entre las metas de corto plazo, menos a tan pocos meses de poner en marcha el cronograma electoral del año que viene. No va a sumar esta iniciativa que puede complicar el armado de las listas, proceso que ya viene aceitado con el cupo femenino del 30%. Obviamente eso sucede con esposas, hijas y familiares, por lo que la participación de las mujeres en cierta medida está atada y condicionada a esa vinculación de parentesco, por ahora, aunque no cabe generalizar porque hay políticas de fuste.
Es una barrera de la realidad que, como género, las mujeres no han podido superar. De por sí el sistema electoral es una traba, mucho más lo será avanzar con la paridad de 50 y 50, y aún más desprenderse de esa especie de atadura u obstáculo que importan las relaciones familiares a la hora de integrar las listas de candidatos. La pelea va a ser cuesta arriba.
Lo reconoció Celia Debono, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien participó del encuentro provincial de paridad de género que se realizó hace pocos días. Allí se destacó como aspecto negativo que Tucumán sea una de las pocas provincias sin esta norma en el plano provincial. Aquí nos ponen en tercer lugar en las listas, refiere a manera de queja, lo que les impide el acceso a los cuerpos legisferantes. Remarca que la paridad, como beneficio, significaría que las inquietudes de las mujeres en materia de inseguridad y abusos, por ejemplo, llegarán con más potencia a los recintos de las decisiones. Desde la Nación miran a Tucumán por su falta, dice.
En la provincia hay dos proyectos de ley referidos a este tema, uno de Marta Najar, de 2021, y otro de José Ricardo Ascárate, de este año. Ambos determinan la adopción de sistema de paridad de género para la integración de las listas de candidatos a elecciones generales y para la composición de las estructuras de los partidos provinciales. En similitud con lo que ocurre a nivel nacional, donde para los comicios de diputados y senadores nacionales las nóminas se componen mitad y mitad entre varones y mujeres, al igual que la distribución de los cargos partidarios de organizaciones de distrito, como lo son, por ejemplo, el PJ, la UCR y Fuerza Republicana.
Sin embargo, hechas las normas sobrevienen las picardías: el consejo provincial del partido Justicialista está integrado por 20 miembros y como corresponde, según disposiciones de la ley 27.412, participan 10 hombres y 10 mujeres, pero los primeros siete puestos son para los compañeros (Manzur, Jaldo, Amado, Yedlin, Juri, Ruiz Olivares y Roque Alvarez); las compañeras empiezan a aparecer luego, con Gladys Medina, la esposa del intendente Darío Monteros, en el octavo lugar. O sea, la mesa chica, la de las decisiones es para ellos.
En la UCR, que debía manejarse con los criterios legales del ámbito nacional no cumplieron del todo con los requerimientos en la composición de los cuerpos orgánicos durante la renovación de autoridades de hace un par de meses. Es lo que se desprende de la cédula de notificación del Juzgado Federal número 1, con competencia electoral, dirigida a la junta electoral de la Unión Cívica Radical pidiéndole que se cumpla con la ley de paridad de género. En el trámite judicial se menciona que en el acta de proclamación de las autoridades radicales surge que en algunos órganos partidarios se repiten nombres de algunos miembros, dificultando el control de cumplimiento de legislación que fija cómo deben integrarse los órganos partidarios en cuanto a cantidad de mujeres y de varones, además de otras observaciones significativas, como que una persona fallecida figuraba en la lista.
O sea, los ejemplos de estos dos partidos mayoritarios de la provincia revelan que la lucha de las mujeres por integrarse efectivamente en la vida política en igualdad de condiciones va a ser cuesta arriba. No sólo por las normas que deben modificarse en el plano local, sino para sortear las picardías surgidas a la luz de las hendijas que dejan abiertas las leyes.
Además, el sistema de acople también conspira contra la paridad de género, no en el armado de las nóminas, sino en la cifra de partidos que se presentan como colectoras, en su mayoría encabezadas por varones. Esta situación se revela claramente en la composición de la Legislatura, donde, de un total de 49 parlamentarios, sólo nueve son mujeres; o sea solo el 18% del total. Ni siquiera se cubre el cupo de 30% que determina la normativa provincial al respecto. En el Congreso, la realidad se acerca más a las pretensiones porcentuales de la legislación, ya que en la Cámara de Diputados el 45% de las bancas pertenecen a mujeres, mientras que en el Senado ese porcentaje es del 43%.
Vaya un detalle en este punto que puede complicar toda la legislación y el proceso de integración de las listas de postulantes, y la que habría que tenerla en cuenta: la presencia de los no binarios, aquellas personas que asumen una identidad de género por fuera del binarismo (hombre-mujer), dado que no se perciben totalmente como masculinos o femeninos. ¿Cómo puede incidir esta situación en la cuestión electoral o en la composición de las listas?
Veamos: el año pasado, en las PASO para elegir los candidatos a diputados y a senadores tucumanos, se presentó una lista con dos precandidatos varones para la Cámara Alta, no cumpliendo con la paridad de género. Se trató de la lista del partido Acuerdo Federal, que presentó dos precandidatos varones (Carlos Giménez y Carlos Aurelio Rodríguez) y que, a la vez, realizó un planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.412, de paridad de género, por percibirse uno de ellos como una persona no binaria. Se presentó en las primarias abiertas, sin poder llegar al piso necesario para acceder a las generales.
¿Qué pasó con la causa judicial? La Justicia no le hizo lugar al planteo por un detalle: el actor no había hecho el trámite del cambio de documento antes de realizar la demanda. Los letrados que hicieron el trámite consideran que si este trance se hubiera superado, otro habría sido el sentido de la sentencia. O sea, estiman que les habrían dado la razón. Si fuera así, habría que pensar entonces en otra posible ley de género, considerando a los no binarios. Es factible. En la presentación los abogados del partido Acuerdo Federal sostenían: el siguiente paso en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación es la eliminación del género como condición para la participación como candidato a ocupar cargos electivos, por lo cual pedían la inconstitucionalidad.
De ser así, todo debería reescribirse en el plano nacional. En Tucumán, entonces, la lucha de las mujeres por la paridad de género se vería con una nueva circunstancia que complicaría aún más el objetivo final de participar en la vida política e institucional en igualdad de condiciones. El camino hacia la paridad se presenta con muchas dificultades en la lucha de las mujeres por el cupo femenino, porque ahora no sólo deberán conseguir el 50 y 50, sino también ir por el sistema electoral que conspira contra cualquier cupo, ya sea del 30% o del 50%.